La financiación pública de los cultos

Reproducimos a continuación la ponencia de Francisco Delgado Ruiz, presidente de Europa Laica, en el 7º Congreso de la AILP (Paris, 2017).

 

financiacion-iglesia

Introducción

  1. Financiación consiste en la obtención de recursos económicos que permitan alcanzar un fin determinado.
  2. Las religiones persiguen un objetivo concreto, de carácter particular y por lo tanto de carácter privado.

Generalmente esa financiación la requieren para el adoctrinamiento en una determinada fe o creencias, para hacer propaganda y proselitismo, para construir y mantener centros de culto e, incluso, centros asistenciales y educativos en donde propagan su doctrina y para desarrollar actividades litúrgicas varias. Las religiones obtienen financiación a través de 1) multitud de actividades mercantiles propias, (comercio muy variado, turismo, venta de servicios religiosos, asistenciales, alquiler de patrimonio, etc.); 2) la participación en el sector financiero y las plusvalías patrimoniales propias; 3) la explotación de su patrimonio cultural y religioso (visita a catedrales, conventos, cementerios, museos…) que, sin embargo, restaura y cuida el sector público; 4) donaciones privadas (de sus fieles u otras entidades privadas); 5) importantes subvenciones y dádivas directas que los Estados les proporcionan (a nivel local, territorial y estatal); 6) indirectamente, las múltiples exenciones tributarias que los Estados les conceden.

Los Estados (los Gobiernos) tienen tendencia a financiar las religiones (también a otras entidades sociales y sindicales privadas) porque es una forma de ejercer un potente control social, esencialmente a través de las corporaciones religiosas.

Estas entidades religiosas son totalmente privadas. Por ello no es democrático, ni justificable que los Estados las consideren como entidades de carácter público y con normativas extraordinarias, diferentes a cualquier otro tipo de asociación.

1. Crece el poder político de las corporaciones religiosas y con ello su financiación por parte de los Estados.

En este comienzo del siglo XXI, incluso con Gobiernos que históricamente han sido más tendentes a propiciar la laicidad de las instituciones, se detecta una cierta regresión ante la necesidad de construir Estados laicos. Ya no digamos en países como España, de potente tradición confesional (católica).

En estas últimas décadas las corporaciones religiosas están ganando “terreno público” en todo el planeta; se afianzan en América latina (los católicos, frente a los evangélicos, sobre todo con el papado de Francisco); se establecen y crecen gran diversidad de grupos evangélicos “a la carta del consumidor” (esencialmente los pentecostales en Brasil); crece el poder de las religiones en EEUU y Canadá; en el este europeo (Grecia y los Balcanes) los cristianos ortodoxos y los católicos crecen y consiguen renovados privilegios; en los países de tradición evangélica, tanto germánicos, como sajones, ganan mucho terreno los diversos grupos musulmanes, sobre todo en Europa occidental y en los Balcanes; la históricamente “laica Francia” cede —desde hace años y muy poco a poco— ante las presiones de los grupos religiosos (católicos, musulmanes y, en menor medida, evangélicos y otras religiones minoritarias), la actual República está descafeinando la Ley de 1905 y está situándose en un proceso de múltiple confesionalidad de Estado que trata de romper con la tradición laicista francesa.

No me voy a referir detalladamente al enorme avance del mundo islamista en África, Asia y, sobre todo, le cuestión turca, rompiendo —en este país— con la laicidad y generando un grave conflicto para la democracia y para las libertades, porque requiere toda una ponencia. Y no cito, por desconocimiento, el papel público emergente de la diversidad de religiones orientales en Japón, China, la India, etc.

La secularización creciente de una gran parte de la sociedad en el mundo (gracias a la ciencia y al humanismo) contrasta con el crecimiento de fanatismos políticos y religiosos unidos, en este caso, por la Cruz. Se observa, con gran preocupación, en el entorno europeo, con mayorías ultra cristianas, como es el caso de Polonia con el PiS y los avances en otros muchos parlamentos.

2. Giro favorable para el poder religioso y su financiación ocurrido en la mitad del siglo XX.

En el mundo occidental hay que citar un hecho muy reciente (históricamente hablando) y muy relevante, que hoy pesa enormemente: el Estado Vaticano.

Italia. En 1923 quebró el Banco de Roma, que era donde se gestionaban todas las cuentas de la Santa Sede. Esto supuso un serio problema para las finanzas del Vaticano y Mussolini lo reflotó aportando 90 millones de dólares.

Esta situación de penuria venía de atrás. Con la reunificación de Italia, la Iglesia perdió grandes extensiones de terreno que ocupaban los Estados Pontificios y por los que cobraban grandes rentas. Con la pérdida de los Estados Pontificios, además de terrenos, palacios y otros inmuebles, la Iglesia perdió la soberanía política sobre un territorio.

En 1929 se firmó entre Mussolini y Pío XI un Concordato (el tratado de Letrán) con un contenido político y económico en el que, a cambio de apoyo político al fascismo, la Iglesia obtenía lo siguiente:

  1. Se reconocía la soberanía del Vaticano como estado independiente (hoy reconocido vergonzosamente por toda la Comunidad Internacional, incluida la ONU).
  2. El catolicismo pasaba a ser la religión oficial de Italia —acuerdo financiero: a) donación de 90 millones de dólares (de la época); b) el gobierno italiano asumía el pago de salarios de los sacerdotes con cargo a los presupuestos nacionales; c) exenciones fiscales—.

A partir de este Acuerdo se empezó a forjar el colosal imperio mercantil que incluía todo tipo de negocios (desde el comercio con armas hasta actividades que la Iglesia había considerado usura). El artífice fue Bernardino Nogara, administrador especial de la Santa Sede que se dedicó a invertir el dinero del Vaticano en todo tipo de industrias italianas, en inmuebles, en el sector financiero, etc. Pío XI creó la Administración Especial de la Santa Sede para garantizar que la Iglesia no volviera a estar en esa situación de penuria económica y dio vía libre a Nogara para administrar el capital atendiendo a criterios puramente económicos y no doctrinales o religiosos. Se le dio “carta blanca” para todo tipo de transacciones (especulación bursátil, accionariado en compañías que chocaban con la supuesta doctrina católica como fabricantes de armamento o preservativos, por ejemplo).

Para finalizar con este dato histórico, en 1935 Italia invadió Etiopía y las empresas controladas por el Vaticano, como la Reggiane Compagnia Nazionale Aeronautica o Breda, se convirtieron en las principales proveedoras de armas y municiones del ejército italiano.

Por entonces los 90 millones de dólares se habían multiplicado a una velocidad asombrosa. Esto planteaba otro problema: ¿cómo conseguir que ese impresionante flujo de riqueza quedase fuera del control de la opinión pública? La Iglesia tenía que seguir dando la “imagen de pobreza” que tan buen resultado le había dado siempre, para ello se crea un complejo entramado de bancos y compañías de forma que el dinero no iba nunca directamente a la Santa Sede, sino que terminaba en depósitos secretos de bancos suizos y de diversidad de paraísos fiscales y… hasta hoy.

3. La financiación del culto: el caso español.

La Unidad Católica de España se remonta al III Concilio de Toledo del año 589, con el abandono del arrianismo por parte de los reyes godos, se afianza durante la Reconquista y con el poder de los Reyes Católicos en el siglo XV, continúa con el establecimiento de la Inquisición (que duraría hasta la mitad del siglo XIX), el Imperio de Carlos I y Felipe II y, posteriormente, con la colonización y cristianización de América.

En España apenas llega la reforma protestante ni los principios de la Ilustración. Con el inicio del siglo XIX se aprueba una primera constitución liberal (1812), pero que afianza el catolicismo indisoluble y eterno de la nación española, prohibiendo cualquier otro culto.

A los largo de este convulso siglo XIX, sectores liberales tratan de establecer la libertad de culto, restar poder a la Iglesia católica romana, se producen varias desamortizaciones de bienes muertos propiedad de la Iglesia católica, que revenden a la nobleza, sobre todo para sanear las deprimidas arcas del Estado y sus deudas.

Sin embargo, en la línea de los Concordatos de 1418, 1737 y 1753, se firma el Concordato Isabelino de 1851 (base ideológica y política de los actuales Acuerdos de 1979), en donde: a) se restablecen las relaciones preferenciales del Estado español con la Santa Sede, después de la ruptura, como consecuencia de las desamortizaciones de Mendizábal (entre otras) y las desavenencias por el apoyo del papado al Carlismo; b) se declara que la única religión del Estado es la católica y romana, quedando prohibidas otras religiones; c) se concede a la Iglesia católica amplios poderes para incidir en la Enseñanza y su capacidad para censurar obras escritas que no están de acuerdo a la moral católica, y d) se les subvencionará el culto y el clero de forma oficial y tendrán enormes exenciones tributarias.

Un siglo después, la dictadura franquista actualizará el Concordato (en 1953) concediendo enormes privilegios tributarios, económicos, simbólicos, jurídicos y en materia de enseñanza y servicios sociales.

En medio, el “oasis laicista”, es decir, democrático, de la II República Española, que trató de establecer el Estado laico, la Enseñanza única y laica, la libertad de culto, que eliminó los privilegios simbólicos, jurídicos, políticos, fiscales y económicos de cualquier entidad religiosa.

Ello se estableció —formalmente— con la aprobación de la Constitución republicana del 9 de diciembre de 1931 (coincidente con la fecha de la aprobación de la “Ley de Separación Iglesia-Estado” de la República Francesa de 9 de diciembre de 1905. De ahí que Europa Laica celebra, cada 9 de diciembre, el “Día Internacional del laicismo y de la libertad de conciencia”.

La II República no llegó a durar una década; el fascismo internacional y las potencias liberales (Francia, EEUU, Inglaterra…) se encargaron, directa o indirectamente, de atacar los valores republicanos y laicistas con la “falacia” de que la República caería en manos del comunismo internacional.

En 1978, establecida una democracia formal, se aprueba una constitución que declara el Estado como no confesional pero, unos días después un Gobierno interino firma cuatro acuerdos concordatarios (de dudosa constitucionalidad) que establecen enormes privilegios simbólicos, jurídicos, económicos, tributarios y en materia de Enseñanza, actualmente vigentes.

4. Financiación del culto en España: la Religión es un negocio muy rentable.

La Iglesia católica disfruta de un gran paraíso fiscal. Al Estado, directa e indirectamente, la religión católica le cuesta más de 11.000 millones de euros al año, más del 1% del PIB. Cada ciudadano (católico o no, creyente o no) aporta a la corporación católica una cuota “obligatoria” de unos 240€ al año.

Estos 11.000 millones de euros se reparten así:

Financiación directa que se detrae del IRPF

390 M€

Asignación a la Iglesia católica (culto, clero, propaganda, rituales…)

250 M€

Asignación a la denominada Obra Social

140 M€

Para enseñanza de ideario católico

5010 M€

Centros concertados católicos

4400 M€

Personas que imparten religión católica

600 M€

Convenios con Seminarios menores

10 M€

Para la Obra Social y asistencial (incluidos 57 hospitales)

2900 M€

Sueldos de funcionarios capellanes católicos

40 M€

Mantenimiento del patrimonio cultural propiedad de la Iglesia católica

600 M€

Subvenciones de eventos religiosos (ámbito local, autonómico y estatal)

300 M€

Obras Pías y otras entidades religiosas, fundaciones, etc.

30 M€

Exenciones tributarias (IBI, patrimonio, sociedades, obras…) que las administraciones dejan de ingresar

2000 M€

Financiación de otras religiones.

Las religiones no católicas, según diversos estudios oficiales, representan tan sólo el 3% de la población española. A estas religiones, sobre todo las que son consideradas como de notorio arraigo y porque firmaron acuerdos de cooperación con el Estado en 1992 (comunidades israelitas, Comisión Islámica y Federación de Entidades Religiosas Evangélicas) también, y cada vez más, se les financia por diversas vías locales, autonómicas y estatales, y se les eximen de diversos tributos, además de que se les cede suelo público para construir centros de culto y otros servicios religiosos.

Por ejemplo, la Fundación Pluralismo y Convivencia, adscrita al Ministerio de Justicia, que a su vez mantiene el “Observatorio del pluralismo religioso”, en este año 2017 ha concedido a diversidad de religiones más de dos millones de euros. Las subvenciones directas más importantes han sido:

  • Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE): 356.800,00 €.
  • Federación de Comunidades Judías de España (FCJE): 169.362,83 €.
  • Comisión Islámica de España (CIE): 255.000,00 €.

Además, las comunidades autónomas y muchos ayuntamientos tienen líneas de apoyo y subvenciones directas a estas religiones minoritarias, cuyo costo es imposible de evaluar, pero que, muy posiblemente, superará los 10 millones de euros.

5. Secularización de la sociedad española.

Cabe resaltar que, frente a la confesionalidad de los poderes públicos, la sociedad española crece en secularización, año tras año.

Algunos ejemplos cuantitativos:

  1. Aunque se consideren católicos culturales (tradicionales) algo más del 60% de la población de todas las edades, entre los menores de 35 años, desciende al 40%.
  2. Indican que asisten a ritos habitualmente y cumplen dogma religioso menos de un 28% (entre los menores de 35 años, son el 9%).
  3. Las bodas civiles celebradas en 2016 fueron el 72%; las celebradas por el rito católico, el 27%; por otros ritos, el 1%.
  4. Los niños que se bautizaron en 2016 fueron el 55% de los nacidos.
  5. Los contribuyentes que señalan la cruz en la declaración de la renta para que el Estado financie la religión católica es de un 33%.
  6. El alumnado que en los centros de titularidad pública, en la media del conjunto del Estado, solicitan ir a religión, es inferior al 50%.
  7. Las personas de todas las edades que ya se declaran ateos o no creyentes, son el 26% (entre los menores de 35 años, el 45%).
  8. Por otro lado, las vocaciones religiosas (católicas) caen en picado, cada año se pierden en España una media de 200 curas en activo, la media de edad en 2014 superaba los 60 años. De tal forma que la propia Iglesia católica tuvo que lanzar una campaña —en 2012— bajo el lema: “Te prometo una vida apasionante y un trabajo fijo para toda la vida”. También los conventos se vacían, aunque se tratan de reponer con personas del tercer mundo. Y esta tendencia no sólo es en España, se extiende por todo el mundo católico, sobre todo en América latina.

 

Conclusión: las religiones, como entidades privadas que son y —además— de carácter ideológico, no deberían de recibir —directa o indirectamente— financiación alguna de los Estados. En su caso, se han de financiar a través de sus propios bienes y negocios y de los donativos y cuotas privadas.

Francisco Delgado Ruiz, presidente de Europa Laica.

 

 

 


Desde la Plataforma Laicista de Jerez, demandamos la denuncia y derogación del Concordato y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como de los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas.


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